Huffington Post publicó anteayer una recomendable entrevista del periodista Antonio Ruiz Valdivia a José Luis Peñas, el exconcejal que denunció el caso Gürtel. Una de las preguntas que le formula es la siguiente:
«¿Se está regenerando el PP? ¿Se han marchado las ovejas negras?».
Reproduzco su respuesta a continuación (las negritas son de cosecha propia):
«En el momento en el que Aguirre sigue estando en el ayuntamiento de Madrid y Rajoy sigue siendo el presidente en funciones y el líder del partido, regeneración es una palabra más para ellos. Eso tendría que pasar en la oposición porque es el lugar donde se purga a la gente. Sale la gente que está por el poder y por el dinero. Todas las personas que han estado en los últimos veinte años en Génova con poder real tienen que desaparecer. No basta, como Cifuentes, con tener un lenguaje más cercano, más innovador, sin plasmas. Pero al final, importan las políticas y las de Cifuentes a día de hoy no se apartan mucho de las que han llevado su antecesor y su antecesora».
José Luis Peñas sintetiza a la perfección en una sola frase la situación actual del Partido Popular (PP). Salta a la vista que este partido político sólo conseguirá continuar siendo relevante en la escena política nacional si su cúpula directiva actual es capaz de dar un paso atrás para permitir que sean otros, sin mochilas tan pesadas, los que traten de vertebrar un proyecto que pueda volver a ilusionar a sus votantes.
La pregunta que me ronda la cabeza es… ¿hasta qué punto esto afecta tan sólo al PP? Porque todos los partidos políticos que han asumido responsabilidades de gobierno se han visto afectados, en mayor o menor medida, por casos de corrupción.
En un país como el nuestro, en el que la acumulación de poder por parte de los partidos políticos va mucho más allá de lo razonable en un sistema democrático y de derecho moderno, es crucial comenzar a implementar medidas correctoras y correctivas cuanto antes para articular una división de poderes funcional, requisito clave para cualquier democracia sana. Resulta imprescindible, por consiguiente, que los ciudadanos exijamos una renovación profunda, profundísima, que regenere una democracia devenida en partitocracia.
Sólo desde una gran ingenuidad es posible creer que esta disfuncionalidad afecta exclusivamente a los partidos con gran trayectoria, puesto que en el sistema actual todos los partidos, sin excepción, están condicionados por este hecho. Nuevos y viejos. ¿Por qué? Porque, en última instancia, la naturaleza humana es la que es… y es prudencial tener siempre bien presente el dictum de Actom: «Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely». Ningún superhombre, ningún «mesías» va a venir a salvarnos. C’est la vie, que dicen los franceses.
El mal funcionamiento de los partidos políticos en la España actual es un mal endémico, sistémico, que requiere la toma de medidas de gran calado como las siguientes:
- Es imprescindible que se diseñen e implementen mecanismos de control y rendición de cuentas efectivos, que maximicen la transparencia de la actividad política y minimicen los riesgos que se derivan de la tentación de recurrir a «soluciones irregulares» para defender los intereses propios en lugar de los generales (una tentación que no todos logran resistir). El último hallazgo es la «Fundación Arpegio», que ha demostrado ser una herramienta formidable para favorecer de forma arbitraria a los afines, tal y como se ha hecho a través de las cajas de ahorros y otros mil subterfugios. Y eso, a sabiendas de que sólo salen a la luz aquellos que «conviene» airear en un momento determinado para defender los intereses que corresponda; intereses que, por regla general, no son los de los ciudadanos.
- Reforma de la ley de financiación de partidos para mejorar el control de su actividad económico-financiera, de modo que ser reduzca su dependencia de los presupuestos del estado y gravite en torno a las aportaciones realizadas por sus afiliados y simpatizantes. Las donaciones no deben ser ningún problema, el problema es la opacidad. Mientras los ciudadanos tengamos claro el origen de todas las aportaciones, estaremos en condiciones de tomar decisiones informadas.
- Lo anterior debe estar acompañado de medidas adicionales que garanticen una renovación constante (por ejemplo, limitando el número máximo de mandatos). Esto sería efectivo para combatir la creación de redes clientelares y el deseo de pepetuarse en un puesto determinado.
Todo lo anterior, eso sí, contando siempre con el ineludible deber de supervisión por parte de los ciudadanos, como es natural, ya que se trata de la única forma de minimizar la utilización fraudulenta de los recursos que nos pertenecen a todos.
Desafortunadamente, no hay solución perfecta… los gobiernos tienen pocos incentivos para actuar pensando a largo plazo y muchísimos para hacerlo a corto, con un límite temporal muy concreto (cuatro añitos… y el que venga después, que arree). Pero esto es un asunto que dejaremos para otra ocasión.
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