Leyendo el artículo «Una agencia de control político de PSOE y Podemos con funciones policiales en Aragón», publicado por Ángel Collado en El Confidencial, no he podido evitar pensar en la magnífica película «La vida de los otros». Por lo que parece, algunos piensan que es necesario crear un ««ente», calificado de agencia, y sus agentes tendrán facultades para acceder a datos privados, hacer registros e interrogatorios o juzgar el comportamiento de altos cargos, funcionarios y en, algunos casos, de los particulares que traten con la Administración». Pero claro, no puedo evitar formularme una pregunta clásica: ¿quién vigila al vigilante?
¿De verdad sería razonable la creación de una fuerza parapolicial «legimitimada» para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos con total desfachatez? ¿No sería preferible incrementar los instrumentos de control y dotar de más medios tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como a las instancias judiciales? ¿Bajo qué criterios resulta razonable la idea de conculcar no sólo la legislación nacional, sino el clausulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Algo así podría considerarse un atentado de extrema gravedad contra los pilares de nuestra sociedad?
Para mí, las respuestas a todas estas preguntas son evidentes porque, desde mi punto de vista, el fin no justifica los medios.
Ahora bien, ¿podemos sorprendernos por el hecho de que el gobierno autonómico de Aragón esté promoviendo algo así? En absoluto, puesto que quiero pensar que todos recordamos aquella peculiar teoría de que para garantizar la independencia del poder judicial es deseable que algunos puestos clave de la justicia, como el Fiscal General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean designados atendiendo a su “compromiso con el programa del Gobierno”. Bueno, si alguien no lo recuerda puede leerse esta noticia firmada por Fernando J. Pérez en El País: «Jueces y fiscales ven «aberrante» que Podemos les exija adhesión al Gobierno».
No es motivo de asombro, pero sí de preocupación que algunos defiendan públicamente, sin pudor alguno, que el estado de derecho está muy bien… siempre y cuando se amolde a sus intereses.
Avisados estamos.
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